Jubilación parcial: el gobierno desata un real decreto-ley para salvar a 700.000 funcionarios
Tras un año de espera y la frustración de 700.000 empleados públicos, el Gobierno español finalmente pone fin al estancamiento de la jubilación parcial. Un Real Decreto-ley, pactado con CCOO y UGT, se prepara para reactivar este derecho, una medida que promete aliviar la presión sindical y ofrecer una salida anticipada a una parte significativa del sector.
El pacto que rompe el embudo
La reforma del Real Decreto-ley 11/2024, que exigía relevistas con contrato indefinido para acceder a la jubilación parcial, se había convertido en un muro infranqueable para miles de funcionarios. La dificultad de incorporar estos requisitos en las ofertas de empleo público (OEP) paralizó el sistema. Ahora, tras intensas negociaciones, se desbloquea la situación con un texto legislativo urgente.
La norma, fruto de un acuerdo social, contempla dos vías para compatibilizar la ley con la realidad administrativa. La primera, y más inmediata, consiste en la contratación de relevistas a través de procesos selectivos ya convocados. La segunda, vinculada a las OEP, permitirá la incorporación de interinos con contratos temporales hasta que se encuentre al funcionario fijo que cubra la jubilación.
Un recurso temporal, pero efectivo
Si bien el texto del Real Decreto-ley requiere convalidación parlamentaria en un mes, las expectativas son altas. El Gobierno confía en su aprobación, dada la presión social y sindical. La medida se basa en el Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), que ya regulaba la jubilación parcial para laborales fijos con al menos 33 años cotizados. La modificación contractual, en este caso, mantiene la categoría profesional y el puesto, salvo reestructuraciones.
Pero no todo es color de rosa. Los sindicatos, aunque celebran la solución, exigen que el Real Decreto-ley se limite a medidas “no polémicas” y excluya mejoras en la gestión de incapacidades temporales (IT), aún en negociación. La tramitación urgente implica un riesgo de que se pierdan aspectos importantes en el debate legislativo.
El retraso y sus consecuencias
Este retraso afecta a un colectivo clave en sanidad, educación y servicios locales, donde la jubilación parcial facilita relevos generacionales. La Secretaría de Estado de Función Pública ya había vinculado la contratación de relevistas a tasas de reposición específicas y OEP, procesos que pueden demorarse años. La situación, hasta ahora, ha generado frustración y descontento entre los empleados públicos.
La aprobación del Real Decreto-ley supone un alivio, pero no una solución definitiva. La batalla por extender el derecho a funcionarios de carrera, interinos y estatuarios –incluido en una enmienda del Proyecto de Ley de Función Pública atascado en el Senado– sigue abierta. La Administración defiende su marco normativo, pero los sindicatos advierten de riesgos parlamentarios. El tiempo, como siempre, es un factor determinante.
El INSS ya ha revisado los coeficientes reductores para jubilados anticipados con altas bases reguladoras, un gesto que, sin embargo, no ha sido suficiente para disipar las tensiones.