35 Horas en la administración pública: un ajuste veraniego y la semilla de la flexibilidad
La reforma de la jornada laboral en la Administración General del Estado ha dado un paso adelante, aunque con matices. La resolución del BOE, que entra en vigor en unas semanas, establece una reducción de 2,5 horas para 220.000 funcionarios, pasando de 37,5 a 1533 horas anuales, un cambio que impactará en el ritmo de trabajo y, sobre todo, en los meses de verano.
El verano a 6,5 horas: un nuevo calendario para los funcionarios
El acuerdo entre Función Pública y los sindicatos introduce una nueva modalidad intensiva de verano, que permitirá a los empleados concentrar sus tareas en jornadas de 6,5 horas diarias, de lunes a viernes, entre junio y septiembre. Esto implica una reestructuración completa de los horarios, con turnos definidos y un estricto control de las horas efectivas, evitando solapamientos con festivos o la bolsa de horas flexible.
Cada departamento deberá detallar su calendario en un mes, un trámite que, según CSIF, podría generar desigualdades entre administraciones si no se gestiona con rigor. La flexibilidad por conciliación, que permite a padres y tutores acceder a la jornada intensiva, se extiende hasta septiembre, abarcando también a aquellos que atienden a personas con discapacidad.
Pero la reforma no se limita a la jornada. El Supremo ha confirmado la viabilidad de las primeras indemnizaciones a funcionarios interinos que han sufrido abuso de temporalidad, una medida que, según los sindicatos, representa una mejora en la conciliación, la productividad y la creación de empleo. El Gobierno, por su parte, ultima un Real Decreto para desbloquear 700.000 jubilaciones parciales.
La clave reside en la adaptación. Mientras que el personal en régimen de especial dedicación deberá sumar cinco horas semanales, la jornada intensiva en oficinas de atención al público y registros garantizará la apertura de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, con ampliación a los sábados de 9:00 a 14:00, salvo que el calendario laboral lo determine. Los servicios con particularidades operativas, como turnos continuos o centros con alta demanda, tendrán adaptaciones negociadas por departamento, siempre respetando el cómputo anual.
La implantación de la reforma, fijada para mediados de mayo, se enfrenta a la exigencia de CSIF de extenderla a ayuntamientos y empresas públicas. Si bien se trata de un avance significativo, la reducción de la jornada laboral es, en esencia, una reclamación histórica. La sombra de la desigualdad entre administraciones y la necesidad de una aplicación homogénea persiguen a esta medida. La reforma, en definitiva, es un intento de redefinir el futuro de la burocracia española, aunque el camino para su plena implementación aún dista de ser despejado.